La
Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía de Jerez de la
Frontera, con el respaldo del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía
(CPPA), y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
denuncian el fomento del intrusismo en la profesión periodística que está
respaldando el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) al ofertar a
través de su página web (www.elpuertodesantamaria.es) un curso para el “aprendizaje
en el oficio del periodismo, adaptado al medio online, en el que la
participación de los/as destinatarios/as de la formación se presenta como un
requisito fundamental para su eficacia”.
Según
la información facilitada en el área de Juventud del Consistorio, que es la que
oferta los cursos, no se exige titulación universitaria como condición para
tomar parte de esta acción formativa.
El
Colegio de Periodistas y la FAPE no entienden cómo una administración pública
puede fomentar el intrusismo en una profesión que cuenta con formación reglada,
a través de un plan de formación universitaria. Cabe destacar que según el
‘Informe Anual de la Profesión Periodística 2013’ de la Asociación de la Prensa
de Madrid, en el periodo 2008-2012 salieron de las facultades 13.800 nuevos
licenciados en Periodismo, que se sumaron, en el mismo lapso, a 10.951
licenciados en Comunicación Audiovisual, que compiten en el mismo mercado
laboral.
Hay
que recordar que en 2012 se licenciaron 2.909 nuevos periodistas y 2.107 nuevos
comunicadores audiovisuales, es decir, 5.016 nuevos profesionales a la
búsqueda, presumiblemente, de empleo periodístico. Hasta el momento, desde
1976, año en que terminó sus estudios la primera promoción de periodistas,
hasta 2012, se licenciaron en Periodismo en España 77.832 personas.
Asimismo,
y atendiendo al citado informe, según datos del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), en septiembre de 2013 había 10.560 periodistas registrados como
parados, un 1% más que en 2012, crecimiento pequeño, pero debe tenerse en
cuenta que entre 2008 y 2013 el paro registrado de periodistas aumentó un 132%
(se situaba en 4.546 parados al inicio de la crisis).
Para
esta organización profesional, estas cifras son más que contundentes para poner
de manifiesto que no se pueden buscar vericuetos ni atajos para el ejercicio de
una profesión que a día de hoy cuenta con miles titulados en España.
Por
eso, desde el Colegio de Periodistas y desde la FAPE censuramos que se oferte
este curso y reclamamos al Ayuntamiento de El Puerto que anule esta actividad
formativa que fomenta a todas luces el intrusismo profesional contra el que
están luchando los colegios profesionales de reciente creación y antes que
ellos las asociaciones de la prensa aglutinadas en la federación.
Además,
desde esta Demarcación Territorial también queremos poner de relieve que
actitudes como la denunciada van en contra de los pasos dados por los colegios
profesionales de periodistas de Galicia, Murcia, Andalucía y Castilla y León,
que a finales de noviembre de 2013 solicitaron
que se incluya en el anteproyecto de ley de Servicios y
Colegios Profesionales, que elabora el Ministerio de
Economía, la
colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo.
La
solicitud a Economía reclama textualmente “que sea incorporado a la Disposición
Adicional 1ª del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales un
apartado a tenor de lo siguiente: (…) En un Colegio de Periodistas para ejercer
las actividades propias del periodismo previa la posesión del título
universitario de licenciado o grado que resulte habilitante para dicho
ejercicio profesional”.
En el
escrito, los colegios consideran que la sensibilidad de los derechos
vinculados al ejercicio del periodismo conlleva la necesaria colegiación, por
lo que entienden que una ley estatal ha de recoger dicho requisito para el
ejercicio de la profesión en los términos de desarrollar las actividades
propias y genuinas del periodista, previa la posesión del título universitario
habilitante.
Añade
que los mecanismos de defensa que la propia Carta Magna atribuye a la profesión
periodística, como la cláusula de conciencia o el secreto profesional, realzan
la idea de que hay un interés público claro en que la citada profesión esté
regida por códigos éticos que garanticen un periodismo libre, independiente y
al servicio de una sociedad con la que ha de ser respetuoso. “Es decir”,
continúa el texto, “es la propia Constitución la que reconoce la profesión
periodística, a la vez que la ampara al atribuirle esos dos derechos concretos
y específicos, a los que no se puede acoger cualquier ciudadano si no tan solo
el periodista profesional, cuya acreditación debe ser garantizada por la
necesidad de la colegiación obligatoria”.
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