La Asociación de Periodistas Asociación de la Prensa de Almería, ante la polémica suscitada a raíz del video grabado con cámara oculta, emitido por Intereconomía, en la que asesores del PSOE en la Diputación de Almería reconocían no acudir a sus puestos de trabajo, ni cuáles eran sus funciones en la institución, quiere puntualizar lo siguiente:
1.- En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el periodista deberá utilizar métodos dignos para obtener la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos. Los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la información, están sometidos a los límites que impidan la vulneración de otros derechos fundamentales. La profesión periodística entiende que le corresponde mantener, colectiva e individualmente, una intachable conducta en cuanto se refiere a la ética y deontología de la información. Los periodistas abogamos por la buena práctica, los métodos lícitos que nos lleven al respeto a la verdad. De ahí que reprochemos métodos ilícitos. Sólo la defensa del interés público justifica la intromisión o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento. Así se recoge en el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
El uso de la cámara oculta puede ser válido cuando medie el interés público y no haya otro modo de obtener evidencia. Es una cuestión de responsabilidad profesional. Para que el derecho a la información prevalezca debe de haber veracidad, interés público y ausencia de insultos. El hecho de utilizar cámara oculta ha de ser una excepción y no una regla. Por tanto, puede ser lícito cuando no queda otra vía de posibilidad para la obtención de la información.
2.- También en consonancia con el Código Deontológico, el periodista tiene derecho a ser amparado frente a quienes, mediante presiones de cualquier tipo, pretenden desviarle del marco de actuación ético de la profesión. En este sentido amparamos la labor profesional de los asesores de comunicación institucionales, de la Diputación y de cualquier otra institución o administración, siempre que traten de cumplir escrupulosamente con su obligación de periodista. Es lamentable que ciertos medios de información quieran desprestigiar a algunos profesionales que cumplen con su deber.
3.- Lamentamos y manifestamos nuestra preocupación por la guerra abierta emprendida entre políticos y medios informativos que a nada conduce; pero aún es más preocupante ver como algunos quieren aprovecharse de las aguas revueltas y que paguen justos por pecadores.
4.- Exigimos, una vez más, a los poderes públicos, administraciones, partidos políticos y gobernantes en general, que las personas que se ocupen de las tareas propias de comunicación, gabinetes, publicaciones o servicios con los medios informativos, sean periodistas, licenciados, titulados o inscritos en el Registro de Periodistas que custodia la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Estamos siendo testigos de excesivos nombramientos o designaciones de personas que no reúnen las condiciones necesarias para el desempeño de tareas de comunicación. Administraciones o servicios públicos colocan en estos puestos a amistades, simpatizantes o personas sin la mas mínima preparación por el sólo hecho de pagar favores o disponer de esta forma de la confianza plena.
5.- Finalmente, hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos y responsables de administraciones para que se imponga la cordura, la honestidad y la ética en torno a los factores que motivan la creación de una asesoría y a la designación de quienes la desempeñen con la misma eficacia que se justifica su creación. Que sean expertos capaces de sacar adelante y consolidar la programación política democrática y no como pago por favores electorales o políticos o incluso para que realicen funciones al margen de las instituciones a las que asesoran o de las que cobran.
FUENTE: Asociación de Periodistas de Almería
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